Atribuciones
Secretaría de Seguridad Pública
I. Desarrollar las políticas de seguridad pública en el Estado, así como proponer al Ejecutivo del Estado las acciones de gobierno, normatividad, instrumentos, programas y estrategias para la prevención de los delitos, combate a la delincuencia y otros factores que incidan en esta última;

II. Proponer al Ejecutivo del Estado las medidas que garanticen la congruencia de las políticas de prevención del delito y cultura de la legalidad entre las dependencias de la administración pública estatal;

III. Coordinar al Consejo Estatal de Seguridad Pública en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California;

IV. Proponer en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y acciones contra la delincuencia para todo el Estado;

V. Representar al Poder Ejecutivo del Estado, ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VI. Fomentar la participación de la comunidad en la realización de programas y acciones tendientes a prevenir el delito, coordinándose con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado y demás autoridades y organismos no gubernamentales cuya intervención establezcan las disposiciones aplicables;

VII. Establecer, administrar y coordinar el servicio de asistencia telefónica, así como el servicio de denuncia anónima en el Estado, garantizando en todo momento el anonimato del denunciante de este último;

VIII. Atender de manera expedita la denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de sus atribuciones;

IX. Organizar, dirigir, administrar y supervisar a la Policía Estatal Preventiva y a la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, en términos de la normatividad aplicable, así como garantizar a través de las instancias correspondientes la aplicación del régimen disciplinario;

X. Proponer al Ejecutivo del Estado el nombramiento del Director de la Policía Estatal Preventiva.

XI. Promover, facilitar, formar, desarrollar y coordinar la profesionalización de los aspirantes y miembros de las Instituciones Policiales en el Estado, así como establecer la carrera policial, mediante el desarrollo y operación del Programa Rector de Profesionalización, en los términos de la normatividad aplicable;

XII. Salvaguardar la integridad física y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, en el ámbito estatal;

XIII. Implementar las políticas preventivas que tiendan a combatir la comisión de los delitos, con la debida eficacia y oportunidad;

XIV. Solicitar, recabar y recibir de las autoridades federales, estatales y municipales, organismos no gubernamentales y particulares, información a efecto de organizar, analizar, seleccionar y utilizar esta, en la preservación de la seguridad pública y en la investigación para la prevención de los delitos;

XV. Fomentar la capacitación y actualización del personal de la Secretaría;

XVI. Realizar estudios y análisis para la formulación de planes en contra de la criminalidad, basándose en la información generada en materia de incidencia criminológica, en la investigación de causas que dan origen a los delitos, lugares de comisión, impacto y costos sociales; así como estudiar las acciones contra la criminalidad adoptadas por otras entidades, intercambiando experiencias en esta materia;

XVII. Derogada;

XVIII. Integrar y administrar el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública, de acuerdo a las disposiciones aplicables;

XIX. Crear programas con el apoyo de otras dependencias del Ejecutivo del Estado, para la prevención del delito, combate a la delincuencia, tratamiento de adicciones y todo tipo de factores que incidan en la delincuencia, promoviendo la participación y concientización de la comunidad, así como la promoción de valores;

XX. Tramitar, administrar y controlar las acciones necesarias para la autorización y el correcto funcionamiento de la Licencia Oficial Colectiva respectiva para la portación de armas;

XXI. Autorizar, regular, supervisar y controlar la prestación de servicios de seguridad privada en el Estado conforme a lo establecido por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California y el reglamento que para tal efecto se expida;

XXII. Asistir al Ejecutivo del Estado en la celebración de convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia, con autoridades federales, estatales o municipales, del Distrito Federal, organismos no gubernamentales, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de la legislación aplicable;

XXIII. Ordenar la colaboración, cuando así se requiera, con las autoridades federales, municipales y otras autoridades estatales, en la protección de la integridad física de las personas, la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente;

XXIV. Auxiliar a las autoridades judiciales cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones;

XXV. Administrar y operar el Sistema Estatal Penitenciario, regular la clasificación de internos, diseñar y ejecutar los programas dereinserción social; promover la creación y funcionamiento de los Patronatos para liberados;

XXVI. Solicitar, de oficio o a petición de parte, a la autoridad judicial competente, los beneficios de libertad anticipada que establezcan las disposiciones aplicables;

XXVII. Proponer al Ejecutivo del Estado la creación de instituciones que contribuyan al diagnóstico, orientación, protección y tratamiento de los adolescentes y la reinserción social para adultos, de conformidad con la normatividad aplicable;

XXVIII. Tramitar por acuerdo del Ejecutivo del Estado, las solicitudes de indulto;

XXIX. Operar y administrar el funcionamiento y los servicios del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo del Estado, en los términos de la normatividad aplicable;

XXX. Operar y administrar los centros de internamiento para adolescentes en el Estado que determinen las disposiciones aplicables;

XXXI. Ejecutar las penas por delitos del orden común, dictadas por las autoridades judiciales competentes, así como por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere el capítulo VII del título XVIII de la Ley General de Salud, siempre y cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento;

XXXII. Coordinar, vigilar, y supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares y las condiciones a cumplir, durante la suspensión condicional del proceso;

XXXIII. Obtener, generar, clasificar y suministrar información relacionadas con las medidas y condiciones a que se refiere la fracción anterior, de oficio o a petición de la autoridad judicial competente y en términos de las disposiciones normativas aplicables;

XXXIV. Vigilar el cumplimiento de las libertades anticipadas y demás beneficios judiciales, en términos de la normatividad aplicable;

XXXV. Suscribir convenios en el ámbito de su competencia con otras dependencias, entidades, gobiernos estatales, Municipios, instituciones y organismos no gubernamentales que se consideren necesarios para la consecución de los objetivos de la Secretaría;

XXXVI. Supervisar y aplicar el sistema de desarrollo policial de los miembros de las instituciones policiales de la Secretaría, conforme a la normatividad aplicable;

XXXVII. Dirigir, coordinar e implementar los procesos de evaluación, de control de confianza y de certificación, en los términos de las disposiciones aplicables;

XXXVIII. Expedir las constancias de antecedentes penales, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XXXIX. Participar en la prevención y combate a las actividades de posesión, comercio o suministro de estupefacientes y psicotrópicos cuando dichas actividades se realicen en lugares públicos, actuando conforme a sus atribuciones; así como remitir los informes relativos a la investigación de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere el capítulo VII del título XVIII de la Ley General de Salud, cuando así lo solicite el Ministerio Público de la Federación;

XL. Fomentar la participación de la comunidad, en la realización de programas y acciones tendientes a la prevención del delito, coordinándose con las autoridades cuya intervención establezcan las leyes;

XLI. Fomentar en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, y demás dependencias y entidades del mismo, la participación ciudadana en la realización y operación de programas y acciones tendientes a tratar a personas con algún tipo de adicción;

XLII. Establecer coordinación con las instituciones de seguridad pública, con las instituciones policiales y sus auxiliares, de los tres órdenes de gobierno y del extranjero de acuerdo a la normatividad aplicable;

XLIII. Integrar y administrar la información estatal sobre la incidencia criminológica, así como coordinarse con las autoridades e instancias necesarias para su conformación, utilización y actualización permanente;

XLIV. Realizar la evaluación de riesgo a petición del Ministerio Público o Defensa con la finalidad de determinar el nivel de riesgo que representa un imputado para que las partes le proporcionen dicha información al Juez de Control y se imponga la medida cautelar más idónea; y

XLV. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones normativas aplicables.


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